Y la injusticia contra los cinco antiterroristas cubanos continúa

Por Norland Rosendo González

Si la jueza Joan Lenard hubiese sentenciado a Tony solo a un minuto más en la cárcel, también habría sido injusta.

Él merece una disculpa por los once años presos, la inmediata libertad y una felicitación por hacer lo que le correspondía realmente a los servicios de contrainteligencia de los Estados Unidos: infiltrar a los grupos terroristas anticubanos para abortar sus proyectos de sabotajes, agresiones y magnicidio.

Pero no, lo condenó a 21 años y 10 meses, a tono con las exigencias del poder gansteril de Miami, representante de lo más retrógrado de la ideología imperial.

Otra vez emergió la política del Gobierno norteamericano de dos tipos de terrorismo: uno malo, el de Osama Bin Laden y los fundamentalistas islámicos; y otro bueno, el que practican Posada Carriles, Orlando Bosch y sus acólitos contra Cuba.

Sí el de estos últimos también clasificara en el eje del mal, entonces Gerardo, Ramón, René, Fernando y Tony no estuvieran tras las rejas, pues arriesgaron sus vidas para evitar la reiteración de acciones monstruosas como el crimen de Barbados, las agresiones biológicas y los bombazos en instalaciones turísticas de La Habana.

La Declaración del Movimiento en Estados Unidos por la libertad de Los Cinco a la solidaridad internacional, emitida el pasado 13 de octubre, reafirma la esencia de tanta injusticia: «Este es, y siempre ha sido, un caso político.»

Desde que fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998, contra los cinco antiterroristas cubanos se orquestó una feroz campaña mediática con el propósito de desvirtuar la realidad y presentarlos ante la opinión pública como espías del Gobierno cubano.

Nunca la Fiscalía pudo probar ese cargo, pero la prensa insistió en el término. Tanto que aún esta semana, en las notas sobre la resentencia de Tony publicadas por los órganos al servicio de la mafia, lo empleó a sabiendas de que es falso.

Durante los juicios de 2001, expertos y autoridades, como los generales Charles Whilhem y Edward Atkinson, el almirante Eugene Carol y el coronel George Buckner testificaron que los acusados no tenían acceso a información clasificada.

James Clapper, ex director de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, testigo de la Fiscalía, admitió que no habían realizado espionaje contra los Estados Unidos.

A los Cinco se les instruyó del cargo de conspiración para cometer delito contra EE.UU., a pesar de que la Defensa demostró que ninguno buscaba información que pudiese afectar la seguridad nacional de ese país.

Los cargos principales no pudieron ser probados; pero, arbitrariamente, fueron condenados por ellos. Se violó, además, el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, que refrenda «... toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial... »

Tras un dilatado proceso, en septiembre del año pasado el Pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito anuló las condenas de cadena perpetua a Antonio y Ramón por el cargo de conspiración para cometer espionaje, y los 19 años de prisión a Fernando por otros delitos.

Las consideró excesivas y remitió el caso nuevamente al Tribunal Federal de Distrito del Sur de la Florida, en Miami, ciudad donde nunca debieron efectuarse los juicios, pues resulta muy evidente la hostilidad contra nuestra Revolución.

El martes pasado, la jueza Lenard ratificó —en contra de la voluntad y el clamor internacional por la liberación de Los Cinco—, su alineamiento con los intereses anticubanos, y excedió, inclusive, la solicitud de la Fiscalía y la Defensa de fijar en 20 años la sanción.

Aunque más razonable que la cadena perpetua inicial, esta condena continúa siendo injusta, y devela cómo funciona el sistema judicial norteamericano.

Las vistas de resentencia a Fernando y Ramón deben efectuarse próximamente, en la misma sede y ante la misma jueza.

La presión internacional y la propia opinión pública de los Estados Unidos —muy apegada a los valores de justicia—, podrían contribuir a que Gerardo, Fernando, René, Ramón y Tony sean excarcelados a la mayor brevedad.

Y Barack Obama tiene una oportunidad excepcional para validar su reciente Premio Nobel por la Paz: una firma suya basta para que abran las cinco rejas, y la Casa Blanca sea consecuente con su publicitada política antiterrorista.